Autor: José Juan Déniz Mayor

» – ¿Y qué es la verdad? – preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos.» (Jn, 18:38)

Delimitación conceptual: relativismo, pluralismo y crítica
Conviene aclarar que las reflexiones que siguen no se dirigen contra tradiciones teóricas específicas ni contra el conjunto del pensamiento postmoderno, sino contra determinadas prácticas discursivas que, bajo la bandera del relativismo, diluyen los criterios de verdad.
Esto se produce cuando la crítica a la neutralidad científica se transforma en una desconfianza generalizada hacia cualquier pretensión de verdad; cuando la atención a los contextos deriva en la idea de que no existen criterios razonables para evaluar afirmaciones empíricas; o cuando la pluralidad de perspectivas se interpreta como equivalencia entre explicaciones incompatibles.
Un ejemplo claro es la afirmación de que la ciencia contemporánea no es más que una «etnociencia occidental», equiparable (o incluso inferior) a otros sistemas de conocimiento, definidos en términos de cosmovisiones culturales o ancestrales, mejores cuanto más antiguos o menos «contaminados» por Occidente y sus valores. Reconocer el valor cultural o práctico de determinados saberes tradicionales es perfectamente razonable. Lo problemático es su equiparación automática con teorías científicas sin criterios explícitos de contraste empírico o coherencia ante explicaciones contradictorias. Por ejemplo, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre plantas medicinales (como el uso de la quinina por los quechuas para tratar la malaria) puede complementar la farmacología moderna, pero su eficacia debe evaluarse con métodos científicos (ensayos clínicos, análisis químicos).
Este desplazamiento hacia un relativismo epistémico fuerte no es una consecuencia necesaria del pensamiento postmoderno, pero presenta una deriva observable, que puede acabar desembocando en expresiones despectivas hacia la ciencia y los científicos en general, tales como «ciencia oficial», «soberbia intelectual», «sumisión al poder», «violencia», «colonialismo intelectual», «dogmatismo», o «depredación», entre otros. Términos que, por otra parte, pueden localizarse tanto en análisis académicos rigurosos como en determinadas manifestaciones políticas, sociales o culturales. Por relativismo epistémico fuerte caber entender la tesis según la cual no existen criterios intersubjetivos no arbitrarios para preferir una explicación empírica sobre otra incompatible.
Llegados a este punto, cabe plantear una pregunta incómoda, pero difícil de eludir: ¿qué ocurre con el pensamiento crítico cuando se disuelven los criterios que permiten distinguir entre afirmaciones mejor o peor justificadas? Si toda forma de conocimiento queda reducida a una narrativa entre otras, ¿desde dónde se ejerce entonces la crítica? ¿Cómo diferenciar el error honesto del fraude, el desacuerdo razonado de la manipulación interesada? La paradoja es evidente: una crítica que renuncia a criterios compartidos, a estándares públicos de justificación, corre el riesgo de volverse autorreferencial, circular y, en última instancia, inofensiva o, en el peor de los casos, en un dogma de fe.
Esta confusión no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas. Cuando se mezclan sin distinción los planos conceptuales ontológico, epistemológico, sociológico y ético, como si todos pertenecieran al mismo nivel de análisis, el pensamiento crítico pierde precisión. Por ejemplo, críticas legítimas a los usos sociales, políticos o económicos del conocimiento científico (como la aplicación militar de determinados avances, el uso de los algoritmos en redes sociales como herramientas de control social, o la instalación de parques eólicos en territorios indígenas sin consulta previa) se trasladan sin mediación al plano ontológico, como si denunciar intereses, sesgos o consecuencias éticamente problemáticas implicara que los hechos estudiados (leyes físicas, procesos biológicos o relaciones económicas) dejaran de existir o perdieran validez.
Procede aclarar que la distinción que aquí se hace entre planos ontológico, epistemológico, sociológico y normativo es analítica y no implica compartimentos estancos en la práctica real del conocimiento. Las categorías ontológicas disponibles están mediadas por marcos históricos; los procedimientos epistémicos se institucionalizan socialmente; y las decisiones normativas influyen en la selección de problemas relevantes. Sin embargo, reconocer estas interdependencias no elimina la utilidad de la distinción. Precisamente porque los planos interactúan, resulta necesario diferenciarlos conceptualmente para evitar inferencias indebidas, como deducir de la historicidad del conocimiento la inexistencia de constricciones reales independientes de nuestras descripciones.

Ontología y epistemología: qué existe y cómo lo conocemos
Aquí conviene aclarar dos términos que suelen confundirse. La ontología se refiere a qué existe realmente: si los fenómenos naturales, sociales o económicos poseen una estructura que no depende enteramente de nuestras descripciones, es decir de los discursos que elaboramos sobre ellos. La epistemología, en cambio, se refiere a cómo conocemos esa realidad, con qué herramientas conceptuales y metodológicas, y con qué grado inevitable de falibilidad.
Confundir ambos planos conduce a una inferencia apresurada: del hecho de que nuestro conocimiento sea situado, históricamente configurado, parcial y revisable podría concluirse que la realidad misma es enteramente relativa o indeterminada, que toda descripción es igualmente válida, aunque sea incompatible con explicaciones alternativas, o que no existen criterios públicos de evaluación.
De ahí a los llamados «hechos alternativos«, frecuentes en discursos conspirativos y en usos partidistas de la verdad, solo hay un paso, aunque tal inferencia no sea ni necesaria ni lógicamente sólida, pero que se ven reforzados con el papel de los algoritmos en la creciente polarización social y política gracias a la creación de las «cámaras de eco«. La consecuencia de todo ello es una desconfianza total hacia mediaciones institucionales, la inmunización frente a la refutación, la redefinición de la evidencia como un instrumento de poder, la sustitución de la evaluación pública por la pertenencia identitaria, y el cierre cognitivo del grupo.
Por ejemplo, en ciertos discursos negacionistas se sostiene que los virus no «existen realmente», sino que son construcciones teóricas producidas por laboratorios y sistemas de clasificación biomédica. Dado que su identificación depende de técnicas como la microscopía electrónica, la secuenciación genética o modelos epidemiológicos, se concluye que se trata de entidades puramente instrumentales (plano epistemológico). El salto problemático consiste en inferir de la mediación técnica del conocimiento que no existen agentes biológicos con estructura y efectos independientes de nuestras descripciones (plano ontológico). Que el acceso a un fenómeno esté mediado por instrumentos no implica que el fenómeno sea una ficción conceptual. Esa confusión de planos conduce a una forma de escepticismo ontológico que, paradójicamente, socava la posibilidad misma de crítica empírica y abre la puerta a la equiparación entre conocimiento científico y opinión.
Otras posiciones relativistas más sofisticadas subrayan la contingencia histórica de nuestros estándares de racionalidad. Pero reconocer que los criterios son históricamente configurados no obliga a concluir que todas las afirmaciones sean igualmente defendibles; significa, más bien, que los estándares mismos pueden ser objeto de revisión. El problema analizado aquí no es la historicidad de los criterios, sino su disolución práctica en nombre de la pluralidad.
Frente a tales planteamientos,la adopción de una posición ontológicamente realista no implica suponer un acceso directo, transparente o infalible a la realidad. Tampoco implica postular un fundamento último externo a toda práctica. Implica, más modestamente, asumir que la mejor explicación de la práctica científica es que interactúa con estructuras que no dependen enteramente de nuestras descripciones. Si la realidad fuese puramente discursiva o completamente indeterminada, resultaría difícil explicar por qué ciertos enunciados permiten intervenir eficazmente en el mundo mientras otros fracasan sistemáticamente. No todo es narrativamente maleable. Este realismo es, por tanto, inferencial y falible: no afirma una verdad absoluta, sino la plausibilidad de una estructura independiente que constriñe nuestras teorías, aun cuando estas permanezcan siempre revisables. Esta constricción no se agota en el consenso o en la estabilización institucional de prácticas científicas, sino que se manifiesta en la resistencia de los fenómenos mismos a determinadas intervenciones y predicciones fallidas.

Sociología del conocimiento y evaluación epistémica
Algo similar ocurre cuando se pretende transformar la sociología del conocimiento en un criterio sobre la verdad. Analizar cómo los contextos históricos, institucionales o económicos influyen en la producción científica es necesario. Sin embargo, explicar las condiciones sociales de una teoría no equivale a invalidar su contenido epistémico.
Los debates sobre el cambio climático ilustran este problema. Que los científicos posean valores o afiliaciones políticas no basta para desacreditar consensos construidos mediante replicación independiente, convergencia metodológica y capacidad predictiva. Antes, al contrario, reducir el consenso científico a una correlación de fuerzas ideológicas implica vaciar de contenido el propio concepto de evidencia.
Otro ejemplo puede hallarse en los estudios financiados por la industria tabacalera en los años 60-70 que negaban el vínculo entre tabaco y cáncer. Si bien desde el análisis sociológico, es válido señalar que estos estudios estaban sesgados por conflictos de interés, sin embargo, el consenso científico actual (basado en estudios independientes y replicados) demuestra que el tabaco sí causa cáncer. El contexto social no invalida la evidencia, pero sí exige transparencia y escrutinio.

Confusión ética y moralización del conocimiento
La confusión se agrava aún más cuando estas cuestiones se trasladan al terreno ético.
En el plano de la ética individual, el reconocimiento de la pluralidad de valores y trayectorias vitales invita razonablemente a la tolerancia, la humildad y la moderación del juicio. En el plano de la ética social, en cambio, las sociedades pluralistas necesitan establecer principios normativos comunes que permitan evaluar prácticas, distribuir responsabilidades y proteger bienes colectivos.
Confundir ambos niveles conduce a una forma de relativismo moral que, en nombre del respeto a la diversidad, acaba desarmando la crítica frente a dinámicas injustas o dañinas. A modo de ejemplo, cabe citar la tensión entre libertades individuales y políticas de salud pública: el respeto a las creencias personales no puede anular la necesidad de consensos basados en evidencia para proteger la salud colectiva. Algunas personas rechazan las vacunas por creencias personales (sea por desconfianza en las farmacéuticas, por teorías conspirativas, o por otros motivos), pero las vacunas protegen no solo a individuos concretos, sino también a grupos vulnerables (población infantil, personas mayores, inmunodeprimidas, con exposición laboral directa a animales, o que trabajan en servicios públicos esenciales, como los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, etc.). La evidencia muestra que las vacunas salvan vidas (como ha sido el caso de la erradicación de la viruela, o la reducción de la polio). Ante esto, si se priorizan las creencias individuales sobre la evidencia, se ponen en riesgo vidas ajenas.
Existe además otro riesgo: que determinadas categorías normativas, nacidas de preocupaciones éticamente legítimas, adquieran un estatus cuasi sagrado que dificulte su sometimiento a examen argumentativo. Cuando ciertos principios se consideran incuestionables en todos los planos, la discusión deja de orientarse por criterios epistémicos compartidos y pasa a regirse por mecanismos de adhesión moral. A modo de ejemplo, cabe citar la afirmación de que los alimentos orgánicos son siempre más nutritivos, saludables y sostenibles que los convencionales (aunque en algunos casos, el valor nutricional pudiera ser el mismo, a costa de un mayor consumo de tierra para producir el mismo rendimiento), o que los cultivos transgénicos son a priori peligrosos y antinaturales, sin evaluar caso por caso (aunque supongan una reducción en el uso de pesticidas, o el aporte de nutrientes adicionales que podrían ayudar a combatir determinadas enfermedades). Quienes cuestionan algunos supuestos de la agricultura ecológica son etiquetados como «cómplices de las agroquímicas», «enemigos del planeta» o «defensores de los venenos», con lo que el debate se desplaza de lo epistémico («¿qué dice la evidencia?») a lo moral («¿de qué lado estás?»), cerrando la puerta a discusiones sobre asuntos como la elección entre mayores rendimientos o mayores huellas de carbono, o sobre el acceso a alimentos nutritivos para poblaciones vulnerables.
Señalar este riesgo no equivale a relativizar la gravedad de las injusticias denunciadas (como la existencia de monopolios abusivos en la producción de semillas), sino a distinguir entre la fuerza moral de una causa y la validez epistémica de las afirmaciones que se formulan en su nombre (por ejemplo, que todo lo transgénico es malo, sin valorar qué tecnología o método funciona mejor para un problema específico, como la desnutrición o la sequía) Por tal motivo, esta «sacralización sin contrapesos» no fortalece los valores que se pretende defender; al contrario, erosiona los procedimientos que permiten deliberar públicamente sobre su alcance, límites y aplicación. En ausencia de guardarraíles como la distinción entre hechos y valores, entre descripción y prescripción, entre evidencia y compromiso normativo, la crítica corre el riesgo de convertirse en una ortodoxia autorreferencial. El desafío no consiste en debilitar los principios, sino en integrarlos en marcos evaluativos que preserven la posibilidad de desacuerdo razonado.

Consecuencias institucionales y democratización epistémica
Las derivas relativistas no solo afectan al debate teórico, sino también a las instituciones que lo sostienen. Cuando la crítica a la ciencia se formula de manera indiscriminada, puede erosionar los marcos normativos que permiten el desacuerdo racional en sociedades pluralistas.
En el ámbito académico, estas derivas pueden fomentar climas donde la crítica se convierte en desconfianza generalizada hacia cualquier criterio de verdad; la atención a los contextos sociales se traduce en la idea de que todas las explicaciones son equivalentes; y la legítima preocupación ética por las consecuencias del conocimiento se transforma en un juicio moral previo que sustituye al análisis argumentativo. De esta forma, el valor de una intervención se mide más por su alineación simbólica que por su solidez argumentativa. La sospecha preventiva sustituye al debate, y el disenso razonado se interpreta como un indicio de sesgo moral o ideológico, nunca por la posibilidad de error propio ni por la complejidad del fenómeno analizado. En este caso, se olvida que la crítica que no admite crítica acaba convirtiéndose en otro fundamentalismo más.
Existe además una ironía que conviene subrayar. Muchas agendas normativas contemporáneas, como la lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades, la defensa de la salud pública o el diseño de políticas basadas en evidencia, dependen de manera crucial de consensos científicos razonablemente estables. Debilitar los criterios epistémicos que permiten evaluar la calidad de la evidencia no fortalece estas agendas; las vuelve más vulnerables frente a la desinformación, el negacionismo o la manipulación interesada.
Del mismo modo, la apelación a estándares públicos de justificación no presupone la existencia de criterios infalibles ni consensos definitivos. Designa, más bien, un conjunto de procedimientos compartidos, como la argumentación explícita, el contraste empírico cuando es pertinente, la coherencia conceptual, o la apertura a la crítica, que permiten someter las afirmaciones a evaluación intersubjetiva. La defensa de tales estándares no es patrimonio de ninguna orientación política ni puede utilizarse selectivamente para deslegitimar agendas con las que se discrepa. Su valor no reside en garantizar certeza, sino en hacer posible el desacuerdo racional y la revisión colectiva. Sin algún tipo de reglas comunes, el conflicto de interpretaciones no se resuelve mediante razones sino mediante la autoridad, la identidad o la fuerza simbólica. Los estándares públicos son, por tanto, condiciones institucionales de la crítica: no clausuran el debate, sino que lo estructuran de modo que pueda sostenerse en el tiempo. Pero tampoco son trascendentales ni ahistóricos, sino que se trata de construcciones revisables.
La historia de la ciencia muestra exclusiones persistentes (geográficas, lingüísticas, de género o de clase) conectadas con asimetrías de poder, incentivos económicos y marcos organizativos concretos que han limitado quién participa en la definición de los problemas relevantes y en la construcción de marcos teóricos. Incluso, en la actualidad, los procesos de revisión por pares, los sistemas de financiación o los mecanismos de acreditación están atravesados por asimetrías estructurales que influyen en qué preguntas se formulan, qué enfoques reciben legitimidad y qué comunidades quedan marginadas. La defensa de la objetividad no puede desligarse de una reflexión sobre estas dinámicas.
Reconocer estas desigualdades no exige renunciar a criterios epistémicos compartidos, sino ampliar los procesos mediante los cuales dichos criterios se deliberan, aplican y revisan. La democratización de la producción del conocimiento no consiste en declarar equivalentes todas las afirmaciones, sino en garantizar que la evaluación pública de las mismas no esté monopolizada por posiciones de poder. Sin esta dimensión institucional, la defensa de la objetividad corre el riesgo de confundirse con defensa del statu quo; pero sin estándares evaluativos, la inclusión degenera en relativismo. El desafío consiste en sostener ambas exigencias simultáneamente.

Realismo crítico y legado ilustrado
Defender la ciencia, tal y como se ha expuesto aquí no implica abrazar un cientifismo ingenuo, ni una adhesión acrítica al legado ilustrado. Se trata más bien de subrayar la importancia de herramientas como los procedimientos públicos, la exigencia de justificación y la separación entre poder (sea político o religioso) y verdad. Reconocer que el conocimiento está socialmente situado no equivale a renunciar a evaluarlo; asumir su falibilidad no implica aceptar cualquier afirmación como igualmente válida. Renunciar a estos presupuestos no conduce a una crítica más radical, sino a una crítica más débil.
Desde esta perspectiva, la alternativa al relativismo es un realismo crítico que reconozca la existencia de una realidad que no se agota en nuestros discursos, que asuma la mediación inevitable de nuestras herramientas cognitivas, que integre el análisis sociológico sin convertirlo en criterio de verdad. Y que distinga, en el plano ético, entre la comprensión de las motivaciones individuales y la evaluación normativa de las consecuencias sociales.

Conclusión
La universidad tiene una responsabilidad particular. Además de formar élites intelectuales, contribuir al avance científico mediante la investigación y transferir el conocimiento a la sociedad, si aspira a ser un espacio de pensamiento crítico, debe preservar las condiciones que lo hacen posible: rigor conceptual, pluralismo metodológico, debate honesto y libertad académica. La crítica pierde su fuerza emancipadora cuando deja de aplicarse a sus propios supuestos y se convierte en una ortodoxia más.
Estas reflexiones no pretenden clausurar debates que, por su naturaleza, deben permanecer abiertos. Aspiran, más modestamente, a reivindicar el discernimiento como virtud intelectual y a recordar que el pensamiento crítico no se fortalece debilitando los criterios de verdad, sino utilizándolos con conciencia, humildad y responsabilidad social. Defender la ciencia significa fortalecer el legado ilustrado y preservar las condiciones del desacuerdo racional en sociedades pluralistas allí donde otros solo ofrecen dogmas y consignas.
Es cierto que, por ejemplo, las decisiones adoptadas durante la pandemia no fueron el resultado automático de aplicar «la ciencia”, sino de la interacción entre evidencia empírica, marcos institucionales, confianza social y deliberación política. Sin embargo, allí donde la evidencia fue sistemáticamente ignorada en nombre de convicciones ideológicas previas, las consecuencias fueron, en términos comparativos, más gravosas. La ciencia no sustituye la política, pero proporciona herramientas indispensables para orientar decisiones colectivas en contextos de incertidumbre.

Lecturas recomendadas:
Chalmers, A. (1990). Science and its fabrication. University of Minnesota Press.
Debray, R. & Bricmont, J. (2004). A la sombra de la Ilustración. Debate entre un filósofo y un científico. Ediciones Paidós Ibérica. Versión original. (2003). À l’ombre des Lumières. Odile Jacob.
Latour, B. & Woolgar, S. (2022). La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos científicos. Alianza Editorial. Versión original. (1979). Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Sage Publications.
Park, R.L. (2001). Ciencia o vudú. De la ingenuidad al fraude científico. Grijalbo Mondadori. Versión original. (1999). Woodoo Science. Oxford University Press.
Sokal, A. (2009). Más allá de las imposturas intelectuales. Ciencia, filosofía y cultura. Ediciones Paidós Ibérica. Versión original. (2008). Beyond the Hoax: Science, Philosophy and Culture. Oxford University Press.